1.5.08

PEMEX Y FASCISMO.


Carlos Gutiérrez Casas *



En los últimos días, hemos escuchado una serie de posiciones en torno a la reforma de la empresa más importante que existe en nuestro país –PEMEX. Hay quienes afirman que es necesario hacer vínculos de la industria petrolera con el capital privado: crean un diagnóstico catastrófico, lo difunden y justifican la privatización, mediante contratos de usos múltiples, para la exploración, explotación, refinación, transportación… del petróleo, además, usan los medios de comunicación para manipular la información e intentar hacernos creer que la reforma propuesta por el gobierno del presidente Calderon es lo mejor que le puede pasar a nuestro país, ya que con ella vamos a alcanzar, todos los mexicanos mejores niveles de vida (sólo hay que recordar que en cualquier campaña privatizadora, de aumento de impuestos o de reforma de la seguridad social, siempre se nos ha prometido inútilmente los mismo).

Por otro lado, existe la postura que compartimos millones de mexicanos que no es necesario, en principio, la inversión de particulares para la transformación de PEMEX; la industria petrolera mexicana tiene la capacidad, por sí sola, para invertir los recursos suficientes en materia de investigación, tecnología, exploración, refinación, exportación… El problema radica en que el gobierno federal se ha empecinado en absorber todos los recursos que obtiene PEMEX para solventar los gastos de gobierno, por la incapacidad que se ha para lograr una reforma fiscal de carácter progresista y ampliar su base fiscal y, de esa manera, no depender tanto de los recursos del petróleo.

Claro que existen soluciones alternas para fortalecer a PEMEX, sin necesidad de utilizar el capital privado. Sólo es cuestión de entablar un diálogo nacional y escuchar con calma a los expertos en esta materia, pero, es aquí donde estamos empantanados, ya que quienes defienden la propuesta de la reforma del gobierno, se empeñan en aprobarla por la vía rápida, sin debate alguno y sin que intervengan otros actores que no sean los políticos de siempre, ya que saben con claridad que si se abre un diálogo nacional, se pone en peligro los intereses que tienen los que siempre han gobernado nuestro país, empresas privadas, extranjeras y un pequeñísimo grupo de “empresarios” mexicanos, asociados con la corrupción de las élites políticas que tienen secuestrado a nuestro país. En este sentido hay que aclarar que no son los partidos políticos, sino un grupo oligárquico que se ha adueñado de ellos.

A pesar de este panorama, existe una sociedad organizada que está tratando de impedir que se de un albazo a la reforma energética, en forma responsable y pacífica; sin embargo, aquéllos que no están de acuerdo en tal manifestación, han distorsionado, aprovechándose de los espacios públicos de comunicación, las medidas que se han tomado para no permitir el madruguete legislativo y los han acusado de ser un movimiento violento y fascista –sólo véase el spot donde se compara a AMLO con Adolfo Hitler, Benito Musolini o Victoriano Huerta. Específicamente en nuestra comunidad así lo han manifestado el senador por Chihuahua, Ramón Galindo Noriega y, el diputado federal, por el municipio de Juárez, Cruz Pérez Cuellar. En ese sentido no sé si los legisladores en mención han hecho tales calificaciones del movimiento tratando de manipular la realidad o si son ignorantes de la historia y de lo que representó el fascismo en Alemania, Italia Japón, en la segunda mitad del siglo anterior.

Si existe alguna semejanza de aquélla época con la que vivimos hoy en día, sólo hay que observar cómo se ha estado militarizando nuestro país, violentando el Estado constitucional, los derechos humanos y el precario proceso democrático. Aniquilando todo poder como el de la Suprema Corte de Justicia, el gobierno de las entidades federativas y los gobiernos municipales, con el pretexto infame de resolver el problema de la inseguridad pública; además, utilizar indiscriminadamente los espacios públicos de los medios de comunicación para desvirtuar la realidad de la industria petrolera y justificar las acciones militares.

Ningún país que se jacte de ser democrático se permite que se alteren las instituciones y violen los derechos humanos, violando la constitución, ni si quiera cuando la gran mayoría de la población así lo determine. Un orden constitucional democrático y el respeto de los Derechos Humanos son incuestionables en cualesquier circunstancia; sin embargo, en una Estado con gobierno autoritario, cualquier acción que viole el Estado constitucional y que no respete los derechos humanos, es justificable.

En estos días, en lugar de propiciar enconos entre la sociedad mexicana. Por ello, propongo que se dialogue, que se establezca una agenda nacional para discutir la reforma energética, -no es la más importante, sino la reforma educativa-, se escuche a los expertos con atención, dada la materia técnica que representa una reforma a la industria petrolera, se informa ampliamente a la sociedad, si demagogia alguna y, por último, se tome una decisión en la que se preserve a PEMEX como una institución de todos los mexicanos y en beneficio de todos los mexicanos.

* Mtro. Investigador del departamento de Ciencias Jurídicas en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. carlosg7202@hotmail.com

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